Cuestionan por corrupción la designación de María Soledad Melo a la Corte Suprema
Santiago, 8 de octubre.
Cerca de las 13:00 horas de ayer, Mónica Araya Flores, abogado del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial, se dirigió al Palacio de La Moneda, para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, cuestionando, por razones de corrupción, su decisión de designar a la magistrado, María Soledad Melo Labra, para integrar la Corte Suprema.
Esta juez, actualmente Ministro de la Corte de Santiago, tomó cabal conocimiento de un maltrato de una niña, en una causa originada en el 11° Juzgado Civil de Santiago, denunciado por Mónica Araya Flores.
La ministro, Melo Labra, en vez de remitir los antecedentes a la Fiscalía, como lo ordena la ley, elevó el expediente al Pleno de la Corte para que sancionaran a Mónica Araya, por reclamar el maltrato de la menor, encubierto en el 11° Juzgado Civil.
Esto es propio de la protección que se brindan en una red mafiosa.
Mónica, se tomó un descanso en calle Morandé, casi al llegar a calle Moneda, en una banca de la plaza de la Constitución, para llamar a la Sra. Teresa Cornejo González, presidente de la Corporación Madres por la Justicia y ratificar, previo a su ingreso, el contenido de la misiva, cuyos duros términos se habían discutido y aprobado el día anterior.
Obtenida la ratificación, retomó el paso atravesando hacia el edificio de la Intendencia de Santiago, caminando en dirección a la Alameda, hasta llegar, por el costado oriente, a la recepción gubernamental, custodiada por un carabinero.
Se le acercó un cabo de la guardia, vestido de civil, que la hizo pasar a la Oficina de Partes, en donde otra funcionaria de Carabineros, requirió sus datos y luego entregó el documento a un recepcionista de La Moneda, para que lo timbrara.
Este último, antes de entregarle la copia, leyó el documento. Luego de cada párrafo que avanzaba con su vista, miraba a Mónica Araya esbozando una sonrisa socarrona.
Efectuado el trámite en el Palacio de Gobierno, y con la copia timbrada, se dirigió a la galería Gran Palace, al local de Carlitos, y fotocopió el documento con el sello de La Moneda y se dirigió raudamente a la Corte Suprema para entregar esas nuevas copias, en la Oficina del Pleno y en la Presidencia de la misma. En la entrada, fue recibida cordialmente por los gendarmes, que la conocen; y, luego, subió hasta el segundo piso. Los funcionarios judiciales, sin mirar la carta, solo se limitaron a timbrar su recepción.
A continuación, Mónica Araya, atravesó calle Compañía, en dirección a las dependencias del Senado, para dejar otra de las copias. En el interior, el encargado de la Oficina de Partes, le pidió sus datos y preguntó si se dirigía al presidente del Senado y la guardó. Mónica, entonces, se retiró, sin antes sentarse, en una banca de la recepción que da a calle Morandé. En ese momento, periodistas perseguían en tropel al senador Chahuán para obtener una cuña sobre las negociaciones del proceso constituyente. De pronto, sale despavorido el funcionario de la Oficina de Partes en busca de Mónica. Al parecer, después de leer la carta, y su mención al senador Insulza, le vino una preocupación adicional y le solicitó a Mónica que regresara a su despacho a firmar la copia.
Al salir de las oficinas del Senado, se despidió del carabinero que custodia la entrada y volvió a su casa, con la sensación del deber cumplido.
Todo esto, en el contexto en que un hombre, en situación de calle, con notoria resaca alcohólica, ubicado frente al ingreso del Senado, al ver que el semáforo, entre calle Morandé y Compañía, en pleno centro de Santiago, no funcionaba; y con una clara conciencia cívica, tomó la autoridad de dirigir el tránsito, en ausencia de carabineros – policía uniformada de Chile, mientras estos últimos, que observaban desde el Senado, se percataban que un nuevo y singular colega, que no pasó por la Escuela de Formación institucional, lograba organizar el caótico y peligroso flujo vehicular.
Como se puede apreciar, el folclor chileno no solo se da solo en septiembre, el mes de la patria, sino que continúa en octubre.
Les dejamos con la carta, en la que solo se salvan el Juez, Daniel Urrutia Laubreaux, y la Juez, Marcela Guerra Salfate, que denunció la extorsión de la Ministro, Dobra Lusic Nadal, en su malogrado intento por ascender a la Corte Suprema. Se recuerda, también, la infamante historia del Poder Judicial y menciona el tour de los juristas del crimen en 1974, la falsificación del título de abogado del senador José Miguel Insulza Salinas y las arbitrariedades de los fiscales y jueces militares, más los crímenes de la Armada y Carabineros en contra de sus propios funcionarios, la corrupción del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, entre otros antecedentes.
OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
CUESTIONA POR CORRUPCIÓN LA DESIGNACIÓN A LA CORTE SUPREMA DE LA JUEZ MARÍA SOLEDAD MELO LABRA.
Santiago, 7 de octubre de 2022
Con copia a:
Consejo de Derechos Humanos – Naciones Unidas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Senado
Corte Suprema- Pleno y Presidencia
Tribunal Constitucional
Ministerio de Justicia
Medios de Comunicación
SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Mónica Araya Flores, abogado del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial, con domicilio en Alameda 980, Of. 601, Santiago, a Ud. respetuosamente digo:
Que, en mi condición de ciudadana honesta y víctima de las violaciones a los derechos humanos, especialmente por la corruptela del Poder Judicial, que no entrega el destino de mis padres desaparecidos desde el año 1976[1], es que vengo en objetar, por graves faltas a la probidad, la designación presidencial de la Juez y Ministro de la Corte de Santiago, Sra. María Soledad Melo Labra, a la Corte Suprema, por encubrir el maltrato de menores denunciado por esta letrada y, peor aún, pasando a la denunciante al pleno de la Corte de Apelaciones, como una forma de amedrentamiento, conducta incompatible con una mínima decencia, exigibles a los jueces, quienes, además de carecer de legitimidad democrática, gozan de sueldos de privilegio, lo que refuerza las exigencias de ética y moralidad pública.
La dictadura genocida no logró amedrentarme, con sus sicarios y jueces de pacotilla. Tampoco lo logrará una juez prevaricadora, que faltó al deber impuesto por el artículo 175 del Código Procesal Penal, frente a un evidente maltrato de una niña, acreditado procesalmente.
Esperamos se tome la molestia de revisar el proceso, en segunda y primera instancia, en que consta esta arbitrariedad, roles: N° Civil-1110-2021 de Corte de Santiago, (último párrafo de la sentencia de 22 de junio de 2021); y C-15258-2020, del 11° Juzgado Civil de Santiago, folio 26, de fecha 27 de enero del año 2021. Acompaño la resolución de la Sra. Melo, que la define de cuerpo entero.
La extorsión, tan propia del Poder Judicial, no es un asunto aislado. Se mostró en el proceso de nombramiento de jueces supremos, en el caso de las presiones ejercidas por la Ministro, Dobra Lusic Nadal, en contra de la Juez, Marcela Guerra Salfate, para que esta última le consiguiera los votos del Senado para su nombramiento en la Corte Suprema[2].
En este contexto de corrupción, cabe recordar la falsificación por la Corte Suprema, en 1992, del expediente de titulación de abogado de José Miguel Insulza Salinas, actual senador, cuya práctica judicial para la respectiva postulación, es inexistente. Esto resulta una bofetada a miles de esforzados licenciados de derecho que deben entregar gratuitamente sus servicios al Estado para obtener su calidad de abogados. La falsificación del decreto de la Cancillería, que lo nombra en calidad de abogado, en 1991, completa el circo[3]. Es la suerte del rescatista de Pinochet, que trajo de vuelta al dictador el año 2000, liberándolo de su detención en Londres, desde 1998, además de falsificarle pasaportes diplomáticos[4].
Esto explica que si un falsificador puede llegar a la Secretaría de la OEA, un estafador del banco de Talca, puede alcanzar la Presidencia de la República.
En la Corte Suprema, Rubén Ballesteros Cárcamo, integrante de los Consejos de Guerra de la Dictadura, también llegó a ser presidente de la misma, el año 2012.[5]
No olvidamos el tour del horror en que miembros de la Corte Suprema, y sus mujeres, con gastos pagados por el Fisco de Chile, salieron, en 1974, a Europa, a defender internacionalmente las atrocidades de la dictadura genocida[6]. Tampoco olvidamos que el presidente de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano, con “intima complacencia”[7], invistió con la banda presidencial al tirano[8].
En Núremberg, juzgaron a los jueces cómplices del Holocausto[9]. En Chile, en cambio, los promueven a los cargos más relevantes.
Estos reprochables ejemplos, constituyen una siniestra radiografía de nuestro ser nacional.
La sola vinculación de la Sra. Melo Labra con Nelson Pozo Silva, que se dedica a falsificar sentencias en el Tribunal Constitucional y a plagiar libros[10], como lo denunciamos en la causa RIT: O- 7973- 2022, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, hacen improcedente su nombramiento en la Corte Suprema, entidad, que, por su relevancia, debe ser el espejo de la honestidad con que el país pretende revestirse. Las asociaciones ilícitas no pueden escalar tan alto sin la venia de los otros poderes del estado.
Como sociedad civil, no seremos parte, con nuestro silencio, de este sucio entramado.
Solo corrupción y más corrupción podemos esperar de un Poder Judicial que tiene como vocera oficial, a la Srta. Ángela Vivanco Martínez, defensora, a través de un vergonzoso informe de 1998, de la impunidad del genocida, Augusto Pinochet. Con estos jueces, la impunidad duerme tranquila y la justicia a sobresaltos.
Este debe ser el único país en que jueces de la Corte Suprema benefician con media prescripción a los responsables de crímenes imprescriptibles[11], equivalente a determinar la mitad del infinito. Deberían promoverlos para el premio Nobel de Física.
Claramente no hay garantías de decencia y lo más grave es que Ud., en su calidad de Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución, en sus artículos 32 N° 12 y 78, para la conformación del Poder Judicial, sigue cooperando con la podredumbre institucional que tiene varado a Chile, entre mentiras electorales y promesas incumplidas.
Una vez más nos topamos con una decepción.
Esta carta también incluye a la Corporación Madres por la Justicia, cuyos hijos asesinados por agentes del Estado, especialmente en la Armada y Carabineros, todavía claman por Justicia, Verdad y Reparación.
Sus hijos, Cristian Vega Cornejo, Sargento de la Armada, asesinado en la Academia de Guerra Naval; y los jóvenes aspirantes a Oficiales de Carabineros, Sebastián Pinuer Barría y Julio Ulloa Vargas, asesinados en las dependencias de Carabineros en Curacaví, homicidios perpetrados el 2011, con la amplia complicidad de la In- Justicia Militar y Naval[12], avalada por un Poder Judicial, que les niega a las madres el derecho a la acción penal, por prohibirlo el artículo 133 del Código de Justicia Militar, en circunstancia que la Constitución se lo asegura, en sus artículos 19 N° 3 y 83.
Solo en un país de opereta, un gangrenoso código de justicia militar está por sobre la Constitución, en manifiesta infracción del artículo 6 de esta última. Esta es la interpretación de jueces venales.
También hacemos presente el crimen del joven, Juan López-Baldomá Carretero, ultimado, el 2015, en Hijuelas, V Región, crimen encubierto por Carabineros, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Las madres siguen persiguiendo la justicia prometida por tantos mentirosos profesionales. Un reconocimiento a las Sras. Teresa Cornejo, Sandra Barría, Idilia Vargas y Pilar Carretero, por su permanente lucha que representa a muchas víctimas del Poder Judicial, sin esperanza de justicia en Chile.
En el Poder Judicial, hay muchos Urrutia Manzano, cómplices de los genocidios, y pocos Urrutia Laubreaux, defensores de la ciudadanía. Estos últimos, son el milagro de la excepción que, al igual que el noble loto, pueden germinar desde el más abyecto de los fangos.
La designación de la Sra. Melo Labra, nos vuelve a enfrentar a un nuevo e impredecible peligro concreto para la sociedad, materializado en la venalidad que se atrinchera en la Corte Suprema. Qué duda cabe que el crimen paga.
Los jueces venales, en clandestinas reuniones, pactando y transando oscuros favores, para alcanzar una privilegiada designación judicial, transforman en letra muerta la ley del Lobby – N° 20.730, (especialmente artículo 5 N° 2, aprobación de nombramientos de la Corte Suprema por el Senado), y el principio de probidad del artículo 8 de la Constitución.
Como dice el personaje mafioso de la película francesa Borsalino & Cía. (1974), Giovanni Volpone: “La ley es para los pobres”.
La Presidencia que Ud. representa, siguiendo la tradición del cargo, se hace parte de la podredumbre judicial.
Le pido, ya que no espero más, registrar esta reclamación como testimonio de nuestro compromiso con la democracia republicana, traicionada, tantas veces, por la cobardía y complicidad imperantes.
Sin otro particular, me despido atentamente.
Mónica Araya Flores
Abogado
Notas al pie de página:
[1]https://memoriaviva.com/nuevaweb/detenidos-desaparecidos/desaparecidos-a/araya-zuleta-bernardo/
[2] https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/06/la-compleja-objecion-etica-al-ascenso-de-dobra-lusic-a-la-corte-suprema/
[3] Decreto 1641, de 31 de diciembre de 1991. Le antecede el decreto N° 656, de 26 de junio de 1990.
[4] https://www.nacion.com/el-mundo/pinochet-con-pasaporte-falso/M4QASXN4NJHQLPVUZESZLIIUXU/story/
[5] http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/01/711826/los-consejos-de-guerra-en-que-participo-el-nuevo-presidente-de-la-suprema-segun-los-archivos-de-la-vicaria-de-la-solidaridad
[6] Ver acta secreta de la Junta de Gobierno, N° 64, de 10 de enero de 1974, exposición de Sergio Diez Urzúa.
[7] https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/109983/fi-merello_l.pdf?sequence=3&isAllowed=y
[8] Brian Loveman y Elizabeth Lira (2020). La junta de gobierno militar. Poder Constituyente y Legislativo, 11 de septiembre de 1973 – 11 de marzo de 1990 Recopilación e Interpretación Brian Loveman y Elizabeth Lira. Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. Pág 11-12
[9] Juicio de los jueces, 5 de marzo al 4 de diciembre de 1947.
[10] Sentencia, Rol 11.778-21 INA, considerandos 16°. 17° y 32°.
[11] https://www.ciperchile.cl/2021/06/11/comision-interamericana-de-dd-hh-resuelve-que-corte-suprema-debe-dejar-sin-efecto-rebajas-de-penas-en-crimenes-de-lesa-humanidad/
[12] Ver condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
